El Ministerio de Justicia tarda dos meses en remitir un escrito sobre la ‘Solicitud de datos, informes y documentos’ registrada en enero por IU en el Congreso y se limita a incluir en él un enlace a la web de la Fiscalía donde están sus Memorias Anuales y sugerir buscarlos ahí
El Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz-Gallardón “no quiere saber nada de datos concretos sobre la corrupción vinculada a partidos políticos. Tampoco sobre la actuación específica de la Fiscalía y las labores de investigación de los jueces sobre estos casos y, ni mucho menos, ponerlos a disposición ni del Congreso ni de IU, que se ha interesado por ello”. Esta es la irremediable conclusión a la que llega el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, tras esperar dos meses una respuesta del Gobierno a la ‘Solicitud de datos, informes y documentos’ que registró el pasado enero y que ahora se ha demostrado infructuosa.
Lara recurrió por escrito a esta fórmula parlamentaria y la dirigió directamente al Ministerio de Justicia. Entre otras cuestiones, preguntó el “número de investigaciones abiertas desde 2004 por la Fiscalía por delitos de corrupción vinculados a partidos políticos” o “cuántos procedimientos judiciales se han abierto desde 2004 por la Fiscalía por delitos de corrupción vinculados a partidos políticos”.
En la respuesta que le hace llegar ahora, tras dos meses de espera, el Gobierno indica al también presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA que “el Ministerio de Justicia no dispone de más información que la recogida y elaborada por la propia Fiscalía en sus Memorias Anuales”. Eso sí, en un alarde de colaboración apostilla que esos datos “pueden consultarse en la siguiente dirección de Internet” y facilita una que no aporta nada concreto:
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?cid=1242052134611&language=es&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_memorias
Cayo Lara advierte de que “desde las filas del Gobierno y del PP algunos se apresuran a sumarse a la manida frase de ‘no todos somos iguales’ para echar balones fuera cuando se habla de corrupción. Pero cuando alguien quiere, y más si es oficialmente desde el Parlamento, que eso se demuestre en la práctica para poner nombre y número concretos a los casos conocidos, además de comprobar quiénes están detrás de ellos, parece que Mariano Rajoy y a su responsable de Justicia y hombre de confianza, Ruiz-Gallardón, prefieren seguir la ‘política del avestruz’ y no ver nada, o al menos no facilitar a los demás los datos concretos de los que ellos sí disponen en función de su cargo”.
El máximo responsable de IU denuncia que “esta actitud o táctica política resulta especialmente grave cuando los casos de corrupción política se han convertido en una clara preocupación de la ciudadanía y degradan, aún más si cabe, la mala consideración hacia los políticos que señalan las encuestas”.
En su iniciativa parlamentaria no respondida adecuadamente, Lara se interesaba también por el “desglose de los procedimientos judiciales referidos desde 2004 por fecha de incoación de diligencias previas” o por el “desglose de los procedimientos judiciales referidos desde 2004 por fase procesal en que se encuentran cada uno de ellos”.
El Gobierno justifica la no remisión de datos alegando de forma peregrina que “las funciones de la Fiscalía Anticorrupción están desarrolladas en el art. 19 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la instrucción 4/2006 de la Fiscalía General del Estado” y que “dentro de las tareas que le corresponden, este órgano, como los restantes del Ministerio Fiscal, actúa conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”.
La ‘guinda técnico-jurídica’ de la respuesta escrita del Gobierno se pone al abordar la única pregunta a la que decide responder expresamente. Frente a la cuestión abordada por Cayo Lara de forma coloquial y fácilmente entendible -de haber habido voluntad política para no eludirla- de “número de sentencias condenatorias desde 2004 por delitos de corrupción vinculados a partidos políticos” el Ejecutivo indica que “cabe señalar que el vigente Código Penal no tipifica ningún delito con esa denominación, por lo que el Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia, no dispone de la información solicitada”.
El Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz-Gallardón “no quiere saber nada de datos concretos sobre la corrupción vinculada a partidos políticos. Tampoco sobre la actuación específica de la Fiscalía y las labores de investigación de los jueces sobre estos casos y, ni mucho menos, ponerlos a disposición ni del Congreso ni de IU, que se ha interesado por ello”. Esta es la irremediable conclusión a la que llega el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, tras esperar dos meses una respuesta del Gobierno a la ‘Solicitud de datos, informes y documentos’ que registró el pasado enero y que ahora se ha demostrado infructuosa.
Lara recurrió por escrito a esta fórmula parlamentaria y la dirigió directamente al Ministerio de Justicia. Entre otras cuestiones, preguntó el “número de investigaciones abiertas desde 2004 por la Fiscalía por delitos de corrupción vinculados a partidos políticos” o “cuántos procedimientos judiciales se han abierto desde 2004 por la Fiscalía por delitos de corrupción vinculados a partidos políticos”.
En la respuesta que le hace llegar ahora, tras dos meses de espera, el Gobierno indica al también presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA que “el Ministerio de Justicia no dispone de más información que la recogida y elaborada por la propia Fiscalía en sus Memorias Anuales”. Eso sí, en un alarde de colaboración apostilla que esos datos “pueden consultarse en la siguiente dirección de Internet” y facilita una que no aporta nada concreto:
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?cid=1242052134611&language=es&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_memorias
Cayo Lara advierte de que “desde las filas del Gobierno y del PP algunos se apresuran a sumarse a la manida frase de ‘no todos somos iguales’ para echar balones fuera cuando se habla de corrupción. Pero cuando alguien quiere, y más si es oficialmente desde el Parlamento, que eso se demuestre en la práctica para poner nombre y número concretos a los casos conocidos, además de comprobar quiénes están detrás de ellos, parece que Mariano Rajoy y a su responsable de Justicia y hombre de confianza, Ruiz-Gallardón, prefieren seguir la ‘política del avestruz’ y no ver nada, o al menos no facilitar a los demás los datos concretos de los que ellos sí disponen en función de su cargo”.
El máximo responsable de IU denuncia que “esta actitud o táctica política resulta especialmente grave cuando los casos de corrupción política se han convertido en una clara preocupación de la ciudadanía y degradan, aún más si cabe, la mala consideración hacia los políticos que señalan las encuestas”.
En su iniciativa parlamentaria no respondida adecuadamente, Lara se interesaba también por el “desglose de los procedimientos judiciales referidos desde 2004 por fecha de incoación de diligencias previas” o por el “desglose de los procedimientos judiciales referidos desde 2004 por fase procesal en que se encuentran cada uno de ellos”.
El Gobierno justifica la no remisión de datos alegando de forma peregrina que “las funciones de la Fiscalía Anticorrupción están desarrolladas en el art. 19 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la instrucción 4/2006 de la Fiscalía General del Estado” y que “dentro de las tareas que le corresponden, este órgano, como los restantes del Ministerio Fiscal, actúa conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”.
La ‘guinda técnico-jurídica’ de la respuesta escrita del Gobierno se pone al abordar la única pregunta a la que decide responder expresamente. Frente a la cuestión abordada por Cayo Lara de forma coloquial y fácilmente entendible -de haber habido voluntad política para no eludirla- de “número de sentencias condenatorias desde 2004 por delitos de corrupción vinculados a partidos políticos” el Ejecutivo indica que “cabe señalar que el vigente Código Penal no tipifica ningún delito con esa denominación, por lo que el Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia, no dispone de la información solicitada”.
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