Así lo ha explicado en rueda de prensa la diputada de IULV-CA, Inmaculada Nieto, quien, acompañada por el portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, y la portavoz adjunta, Alba Doblas, ha explicado que su formación "no se fía" del recorrido que pueda tener la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de modificación de la Ley Hipotecaria que se ha presentado en el Congreso.
Tras asegurar que dicha ILP va a conseguir el "triple" de firmas necesarias para su debate, la diputada de IULV-CA ha apuntado que la proposición de ley que se elaboraría desde Andalucía pretende incluir las peticiones más importantes que se integran en la iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso de los Diputados en el marco de la lucha contra los desahucios.
Esta proposición de ley y el desarrollo de un decreto-ley sobre la función social de la vivienda, --que IULV-CA pedirá que se tramite como proyecto de ley--, son algunas de las prioridades que el grupo parlamentario de IULV-CA se marca para el próximo periodo de sesiones, en el que, según ha apuntado Castro, se pretende dar "velocidad de crucero" al trabajo parlamentario.
"Vamos a poner los cinco sentidos a lo que nos viene desde el plano legislativo", ha afirmado el portavoz parlamentario, quien ha considerado prioritarias para los próximos meses las leyes de Participación Ciudadana, de Transparencia, de Memoria Democrática, de Fiscalidad y lucha contra el fraude social; o el decreto-ley de función social de la vivienda.
Castro, que ha subrayado que todas estas normativas forman parte del acuerdo programático alcanzado entre PSOE-A e IULV-CA, ha destacado también la importancia de impulsar el banco público de tierras, el grupo de trabajo sobre instrumentos públicos financieros, y el plan de acción social, dotado con 60 millones y que se pondrá en marcha a través de los ayuntamientos.
Durante su intervención, ha hecho también mención a que el PP vaya a interponer, a través de las Diputaciones provinciales, un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 2 y 3 del Decreto Ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral aprobado por la Junta de Andalucía.
En su opinión, supone una "aberración democrática" que las diputaciones gobernadas por el PP sean "sumisas" a las órdenes dadas por el partido en relación a esta normativa. "Se está obligando a instituciones democráticas a que acaten decisiones tomadas en los órganos de partido", ha apuntado Castro.
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